Los delitos financieros como delitos medioambientales resultan prácticas extremadamente rentables que generan miles de millones de beneficios cada año. Además de alimentar la corrupción y otros delitos graves como el fraude fiscal, el narcotráfico y la explotación laboral. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elaborado un Informe identificando los métodos utilizados por los delincuentes para blanquear las ganancias obtenidas de delitos medioambientales; así como las herramientas que los gobiernos y el sector privado pueden aplicar para interrumpir estas prácticas.
Los sujetos obligados tienen un papel crucial en la lucha contra los delitos financieros, incluidos los medioambientales.
Las obligaciones establecidas por la normativa vigente de PBCFT vienen a reducir la exposición de los sujetos obligados a los riesgos de blanqueo de capitales en relación con una serie de delitos previos, así como garantizar la cooperación con las autoridades competentes.
Así, las entidades que tienen la consideración de sujetos obligados podrían facilitar involuntariamente el movimiento de fondos relacionados con los delitos medioambientales. Por ello, las medidas de debida diligencia y otros controles detectivos son una herramienta inestimable en la lucha contra los delitos medioambientales.
El principal riesgo identificado por el GAFI es la falta de información fiable, obtenida por los clientes en jurisdicciones en las que los registros públicos tienen que ser verificados a nivel regional y no se ha aplicado adecuadamente el enfoque orientado al riesgo. Estos casos, los sujetos obligados se enfrentan a un importante reto en relación con registros poco fiables-
En el futuro, el GAFI continuará enfocándose en los delitos financieros ambientales, incluida la exploración de si se necesita más trabajo normativo. El mes de septiembre de 2021, el GAFI planea realizar un seminario web público para partes interesadas no gubernamentales para discutir los hallazgos del estudio.
En KEY AUDITORS estamos plenamente concienciados con el cumplimiento normativo en general. Tanto en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo como la prevención de delitos de todo tipo, incluidos los medioambientales.