La Unión Europea (UE) se encuentra en vías de implementar una nueva reforma de la normativa comunitaria en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en forma de la Sexta Directiva. No obstante, el Tribunal de Cuentas de la UE (TCUE) ha resaltado en un extenso informe las insuficiencias de todo el marco normativo existente.
En este sentido, la Comisión presentó el 20 de julio de 2021 un nuevo paquete de medidas, con el objetivo de establecer un marco único de reglas y obligaciones de aplicación directa para los sujetos obligados. Entre otras medidas, se pretende mejorar la comprobación del titular real y de la diligencia debida con los clientes de las entidades financieras, además de extender dichas normas de control a los criptoactivos.
A pesar de ello, el TCUE ha encontrado deficiencias en tales propuestas, así como en las labores desempeñadas por el Banco Central Europeo (BCE) y por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), a la que dirige las críticas más severas.
La razón de las críticas reside en que la EBA tiene competencias para la investigación de posibles infracciones de la legislación de prevención del blanqueo de capitales y, sin embargo, no ha incoado de oficio ningún expediente. Es más, cuando la Comisión le remitía formalmente solicitudes de investigación, la EBA le daba respuesta con retrasos completamente injustificados.
El TCUE va más allá, y considera que los miembros de la EBA están siendo objeto de presiones en el desarrollo de sus labores de investigación, lo que supone “una prueba más de que los supervisores nacionales ejercen una función demasiado dominante en el marco de gobernanza de la EBA”, lo que provoca que los procesos de investigación carezcan de eficacia.
Por último, cuestionan el papel de la Comisión al “no haber sido capaz de obligar a los Estados miembros a realizar una transposición completa y a tiempo de las normas antiblanqueo, de modo que esa lentitud contribuyó a la incoherencia del marco jurídico de los socios europeos”.
El TCUE concluye afirmando que estas deficiencias suponen un grave riesgo para la integridad del mercado financiero y la confianza pública.
La solución a algunas de las deficiencias mencionadas puede ser la nueva autoridad competente que va a constituirse a futuro, esto es, La Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA por sus siglas en inglés), que se espera que esté operativa en el año 2024.
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