En el transcurso del año 2024, las autoridades españolas han elevado de forma significativa el nivel de vigilancia y fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Como consecuencia directa de esta intensificación en los controles, se han impuesto numerosas sanciones tanto a entidades financieras como a personas físicas y jurídicas que incumplieron sus obligaciones legales en este ámbito.
Entre las sanciones más destacadas se encuentran multas a entidades de crédito por montos considerables, como una sanción de 219.348 euros a una entidad y otra de 482.816 euros a una segunda. Las causas de estos castigos administrativos se centran en fallos detectados en áreas clave, como la falta de evaluaciones adecuadas de riesgos, deficiencias en los procedimientos de diligencia debida, formación insuficiente del personal, y especialmente, la omisión de la obligación de comunicar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
Recomendaciones clave para evitar sanciones y reforzar el cumplimiento normativo
Este aumento en las sanciones pone de manifiesto la importancia de mantener un enfoque preventivo y sistemático por parte de los sujetos obligados. Para evitar futuras sanciones, es crucial que las organizaciones revisen y actualicen sus políticas internas para asegurarse de que están alineadas con la normativa vigente. Asimismo, resulta imprescindible implementar sistemas de control robustos que permitan la detección y el reporte eficaz de operaciones sospechosas.
Además, las autoridades insisten en la necesidad de invertir en programas de formación continua para el personal, de modo que puedan identificar conductas atípicas y reaccionar conforme a los protocolos establecidos. Otra medida fundamental es la realización de auditorías internas periódicas, que permitan detectar posibles carencias o áreas de mejora dentro del sistema de prevención. Solo a través de una cultura de cumplimiento firme, y una estructura organizativa preparada, se podrá mitigar el riesgo de sanciones económicas, proteger la reputación corporativa y, al mismo tiempo, contribuir a la integridad del sistema financiero nacional.
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